La Ingeniería del Saqueo o Cómo la Élite Intelectual de Puerto Rico Administra la Servidumbre Colonial

La academia, en el imaginario popular, es el último refugio de la crítica despiadada y el custodio del principio de mérito. En la periferia colonial de Puerto Rico, sin embargo, esa percepción se desmorona. El libro El Fraude de las Élites: Los abogados en la Academia, de los Dres. Carlos Alá Santiago Rivera y Karin J. Robles Ramos es la autopsia de cómo la maquinaria institucional utiliza la ley y el privilegio para metabolizar la corrupción y desmantelar los cimientos de la educación pública.

Con la frialdad analítica de quien disecciona un mecanismo de opresión, esta obra nos obliga a encarar una realidad ineludible: la patología del sistema colonial puertorriqueño, históricamente sustentada en el clientelismo y el tráfico de influencias, ha encontrado en las altas esferas universitarias a sus más celosos y sofisticados ejecutores.

El Despliegue del Fraude Académico: Una Táctica de Vaciado Institucional

El núcleo de la denuncia se centra en la Escuela de Derecho del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR). Los autores documentan cómo una élite administrativa, bajo la égida de la decana Vivian Neptune Rivera y su Comité de Personal, gestó un "fraude académico más vergonzoso y costoso". La estrategia, pulcra en su cinismo, fue doble:

La Abolición del Mérito por Interpretación

Se manipuló de forma "cuestionable y amañada" la normativa universitaria, específicamente la Sección 47.6 del Reglamento General, concebida para ascensos de personal, para aplicarla al reclutamiento. Este contorsionismo legal permitió nombrar y sobre compensar como doctores a candidatos que solo poseían una maestría. En esencia, se estaba "regalando títulos de doctor" a "amigos de la casa".

El Castigo a la Disidencia Cualificada

La Dra. y Lcda. Karin J. Robles Ramos, una profesional con un doctorado genuino en la disciplina convocada, se convirtió en la parte agraviada y la piedra angular de esta disección. Su apelación, lejos de ser resuelta en los méritos, fue recibida por una "cultura jurídica podrida" y un aparato legal dedicado a "posponer, confundir y desalentar". El proceso se alargó por años, drenando cientos de miles de dólares del erario público en contratos externos a oficiales examinadores con evidentes conflictos de interés económico, cuyo único propósito era aplastar a la parte quejosa.

Este esquema no es un desliz; es una política deliberada de "administración de personal dolosa, contraria al derecho, a la normativa universitaria y al principio de mérito". El costo se mide en el malgasto de millones de dólares del pueblo puertorriqueño en sobre compensación a individuos que no cumplían con los requisitos del grado terminal.

La Burocracia y el Gremio: Espejos del Colonialismo

La gravedad del "fraude de las élites" radica en que la Escuela de Derecho, la institución responsable de formar a los guardianes del orden legal, se comporta como un microcosmos de la corrupción gubernamental sistémica en Puerto Rico. La Universidad, financiada con fondos públicos y supuestamente dedicada al servicio del país, se convierte en un centro de privilegios gremiales.

El abogado académico, cuya función primordial debería ser la producción de conocimiento y la crítica social, se transmuta en un burócrata asalariado que utiliza su pericia procesal para garantizar la impunidad de sus superiores. La lección que se imparte no es sobre justicia, sino sobre el abuso del derecho.

El patrón es idéntico a los escándalos de corrupción que han definido la historia reciente de la isla: un modus operandi de desvío de fondos públicos, sostenido por la complicidad de altos funcionarios (presidentes y rectores de la UPR) que, con su indiferencia o anuencia, validan la transgresión para "obtener el apoyo de ese gremio" y así fortalecer su posición política. Se establece un pacto tácito: la élite política tolera el fraude académico, y a cambio, la élite intelectual provee la legitimación técnica para sostener el andamiaje corrupto.

La consecuencia es la decadencia institucional, donde menos del 50% de la facultad de Derecho tiene el doctorado, lo que contrasta con el 90% en el resto del Recinto de Río Piedras, poniendo en peligro la propia acreditación de la UPR como entidad doctoral de investigaciones avanzadas.

En este contexto de institucionalización del despojo, debemos cuestionar: Si la élite intelectual, encargada de formar el músculo crítico de la nación, instrumentaliza las normas para el saqueo y la autoconservación, ¿a qué instancia de poder le queda la legitimidad moral para exigir honestidad y mérito en el resto del aparato gubernamental?

La obra de Santiago Rivera y Robles Ramos no solo clama por la devolución de los fondos públicos malgastados. Más profundamente, confronta la crisis existencial de una sociedad que tolera la servidumbre intelectual. El libro es un llamado urgente a desmantelar las estructuras que han permitido que la lealtad al amiguismo sustituya al mérito, perpetuando el status quo colonial.

Ante la evidencia de un sistema apelativo "viciado y costoso", diseñado para "posponerlo todo y no resolver los asuntos en sus méritos", la acción individual del disidente se vuelve crucial. La pregunta, entonces, no es solo administrativa, sino profundamente política: ¿Hasta cuándo permitiremos que el silencio de "los buenos" continúe siendo la divisa de una burocracia que ha hipotecado el futuro de la educación pública para garantizar los privilegios de un gremio que ha traicionado su mandato social? 

El cambio, nos recuerda Chomsky, nunca vendrá de las estructuras que se benefician de su propia patología. Debe ser una exigencia implacable de quienes aún creen que el intelecto no debe estar al servicio del despojo, sino de la liberación.